El instituto de la prescripción en la derivación de responsabilidad por deudas con la Agencia Tributaria

Por comunicacion

Abr 4, 2024

No son pocos los expedientes de derivación de responsabilidad tributaria incoados por la Administración, especialmente en los últimos años.

A modo de ejemplo, en el año 2020 las derivaciones de responsabilidad se incrementaron en un 23,5% con respecto al 2019, mientras que en el 2021 el incremento fue de un 8,7% con respecto al 2020, según las estadísticas publicadas por la Agencia Tributaria en julio de 2022. Este incremento se mantuvo en el 2022 con un porcentaje de variación de un +7,7% con respecto al 2021, siendo el número total de expedientes de derivación incoados en este último año de 31.313.

Por tanto, es evidente la intencionalidad del Fisco: continuar con la tendencia de incrementar la incoación de este tipo de expedientes, con la finalidad de, a cualquier coste, conseguir el cobro de sus deudas, implicando con ello, en muchos supuestos, la derivación de responsabilidad a obligados solidarios (por ejemplo, administradores de sociedades mercantiles por deudas sociales) incluso habiendo transcurrido más de 10 años desde la contracción de la deuda tributaria.

Plazos de prescripción para la derivación de la responsabilidad tributaria

Precisamente por la inseguridad jurídica que lo antepuesto podía generar, el Tribunal Supremo, en sus recientes Sentencias número 1022/2023 y 1023/2023, ambas de fecha 18 de julio de 2023 (reiterando la doctrina ya declarada en otras como la de 14 de octubre de 2022), marca un claro límite, poniéndole coto a la Administración Tributaria, interpretando el dies a quo del plazo de prescripción para la derivación de la responsabilidad tributaria.

Así, el interés casacional se reflejaba en las siguientes cuestiones:

  1. Determinar si el cómputo de plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios podría ser interrumpido por actuaciones realizadas frente al deudor principal.
  2. En caso de respuesta afirmativa a la anterior cuestión, si la regulación de la prescripción contenida en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley General Tributaria (LGT) sería compatible con los principios de seguridad jurídica (artículo 9.3 de la Constitución Española) y de buena regulación (artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

El artículo 66 de la LGT determina que prescribirán a los cuatro años a) el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, y b) el derecho a la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas.

Por tanto, se distinguen claramente dos plazos autónomos e independientes: de un lado, el de liquidar la deuda, y de otro, el de exigir su pago.

Por su parte, el artículo 67 del mismo texto jurídico, determina el dies a quo para computar sendos plazos: para el supuesto del apartado a) del artículo 66 (liquidar la deuda tributaria), la Administración tendrá cuatro años desde el día siguiente en el que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración; mientras que, para el supuesto del apartado b) (exigir su pago), la administración tendrá cuatro años desde el día siguiente a aquel en el que finalice el pago en período voluntario.

Continúa este precepto, en su segundo apartado, que para los supuestos de responsables solidarios, el plazo de prescripción se computará desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en período voluntario del deudor principal.

Finalmente, y para lo que aquí interesa, el artículo 68 de la LGT, en su apartado octavo, determina expresamente que interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho efecto se extiende a todos los obligados, incluidos los responsables (excluyendo aquí a los obligados mancomunados).

Es precisamente este último apartado el que conduce a la Administración Tributaria a entender que toda actuación interruptiva de la prescripción frente al deudor principal (imaginemos, una sociedad mercantil), interrumpe igualmente la prescripción frente al deudor solidario (su administrador, por ejemplo, cuando concurran los requisitos objetivos para la derivación de responsabilidad), aun cuando hubieran transcurrido más de 10 años desde la contracción de la deuda tributaria por el obligado principal (la empresa), sin que en todo ese tiempo la Administración llevara ninguna actuación encaminada al cobro de la deuda frente al obligado solidario (el administrador), generándose aquí la cuestión que resolvió el Tribunal Supremo: ¿interrumpe igualmente la prescripción todo acto frente al deudor principal, aun cuando no se había llevado a cabo el acto formal de derivación de responsabilidad?

Esta cuestión es la que, precisamente, resolvió el Tribunal Supremo ya en su Sentencia de 14 de octubre de 2022, cuando declaró que la interpretación correcta de los artículos 66 y 67 de la LGT conllevaban a entender que i) de un lado, el derecho de la Administración a declarar la responsabilidad tributaria estaba sujeta a un plazo de prescripción de cuatro años, a contar desde la finalización del plazo voluntario de pago, y ii) de otro, que el derecho de la Administración a exigir al responsable el pago de la deuda derivada al obligado solidario también era de cuatro años (plazo autónomo e independiente del anterior) que debía computarse desde el día siguiente a la finalización del plazo voluntario abierto con la notificación de la declaración de responsabilidad, pues no puede hablarse de obligado solidario, hasta que exista una declaración formal que así lo indique, tras la incoación del expediente de derivación de responsabilidad.

Partiendo de lo anterior, y vinculado con la extensión al obligado solidario de la interrupción de la prescripción efectuada frente al deudor principal (incardinada en el ya mencionado artículo 68 de la LGT), la recentísima Sentencia del Tribunal Supremo a la que hacíamos referencia al inicio de este artículo, vino a determinar la imposibilidad de que tal extensión se produzca en momentos en los que no existía acto formal de derivación de responsabilidad, fundamentándolo de la siguiente forma:

Si todas las actuaciones frente al deudor principal u otros responsables interrumpen la prescripción, incluso antes del acuerdo de derivación de responsabilidad, la referencia a la prescripción de forma autónoma del responsable carecería de sentido pues no lograría entender qué efectos tendría fijar un dies a quo para la prescripción del responsable si cualquier actuación efectuada frente al obligado principal, incluso antes de la propia declaración de responsabilidad, interrumpe la prescripción de aquel. La extensión al responsable solo puede operar una vez que ya ha sido declarado formalmente responsable, pues hasta dicho instante no es responsable, y no puede, por tanto, pagar la deuda.

Una tesis contraria supeditaría el inicio del plazo de prescripción a la mera voluntad de la Administración, ensanchando temporalmente y a su antojo el ejercicio de sus potestades, conculcando, con ello, el principio de seguridad jurídica incardinado en el artículo 9.3 de la CE.

En definitiva, la Sentencia casa, y fija como doctrina que el cómputo del plazo de prescripción para exigir la obligación al pago a los responsables solidarios no puede ser interrumpido por actuaciones realizadas solo frente al deudor principal, salvo en aquellos supuestos en que la interrupción se dirija frente a quien previamente ha sido declarado responsable, pues no cabe hablar en sentido propio de obligado tributario ni de responsable hasta que se produce el acto formal de derivación.

Por todo lo anterior, y ante cualquier supuesto de derivación de responsabilidad, especialmente cuando han transcurrido muchos años desde la contracción de la deuda por el obligado principal, se hace indispensable analizar en profundidad el supuesto de hecho para, en definitiva, valorar con cautela el instituto de la prescripción.

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