El juez puede prohibir la ejecución extrajudicial de la vivienda habitual

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia, de fecha 10 de septiembre de 2014, sobre el alcance de la protección de los consumidores cuando exista una garantía inmobiliaria sobre la casa que constituye el domicilio familiar.

En dicha sentencia el Tribunal establece que dado que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental, el juez nacional debe tomarlo en consideración al aplicar la DIRECTIVA 93/13/CEE DEL CONSEJO, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

Por ello, en el curso de un procedimiento de ejecución extrajudicial, los jueces de cualquier estado miembro podrán prohibir la ejecución extrajudicial de la casa puesta como garantía.

El litigio que da lugar a este procedimiento, comenzó en 2009 cuando en Eslovaquia una ciudadana concluyó con SMART Capital un contrato de crédito al consumo por importe de 10 000 euros, constituyéndose una garantía inmobiliaria sobre su casa familiar para asegurar ese crédito. Posteriormente la mujer presentó una demanda de anulación del contrato de crédito y del contrato constitutivo de la garantía contra SMART Capital, invocando el carácter abusivo de las cláusulas contractuales que la vinculaban frente a esa empresa.

El Tribunal regional eslovaco, que conoce del asunto en apelación, remitió una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia. El Tribunal remitente quiere determinar si la cláusula contractual referida a la ejecución extrajudicial de la garantía constituida sobre el bien inmueble tiene carácter abusivo.

Posteriormente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia recuerda que la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE dispone que en las políticas de la Unión se garantizará un nivel elevado de protección de los consumidores. La Carta también reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva. Estos imperativos rigen la aplicación de la Directiva 93/13.

El Tribunal de Justicia considera que la Directiva 93/13 no contiene ninguna precisión sobre la ejecución de garantías ligadas a los contratos de préstamo concluidos por los consumidores y destaca la importancia de determinar en qué medida sería prácticamente imposible o excesivamente difícil aplicar la protección conferida por esa Directiva en una situación como la que se plantea en este caso.

En este asunto, de los autos se deduce que la legislación eslovaca considerada prevé que una venta en subasta puede ser impugnada en un plazo de 30 días a partir de la notificación de la ejecución de la garantía, y que la persona que se oponga a las modalidades de esa venta dispone de un plazo de tres meses desde la adjudicación para actuar.

El Tribunal de Justicia también expone que, con el fin de preservar los derechos que la Directiva 93/13 confiere a los consumidores, los Estados miembros están obligados a adoptar medidas protectoras apropiadas para que se ponga fin al uso de cláusulas calificadas de abusivas. Para ello, los órganos judiciales y autoridades administrativas deben contar con medios eficaces; aunque los Estados miembros conservan la facultad de elegir las sanciones que imponen a las infracciones del Derecho de la Unión, deben asegurarse de que esas sanciones tengan carácter efectivo, proporcionado y disuasorio.

En cuanto a ese carácter efectivo y disuasorio, establece que, en el curso de un procedimiento de ejecución extrajudicial de una garantía, el juez nacional competente puede adoptar toda medida provisional que prohíba continuar la ejecución de tal venta.

En lo relativo al carácter proporcionado, el Tribunal de Justicia de la UE expone que es preciso prestar especial atención al hecho de que el bien afectado por la garantía es el inmueble que constituye la vivienda familiar del consumidor y concluye en su sentencia argumentando que el hecho de que el juez nacional competente pueda ordenar cualquier medida provisional parece constituir un medio adecuado y eficaz de poner fin a la aplicación de cláusulas abusivas.