El pasado viernes 27 de junio se aprobó en Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley de Reforma Fiscal, en el cual se decide que las indemnizaciones por despido pasen a formar parte de la base imponible del IRPF cuando excedan de ciertas cantidades.

La situación anterior a la reforma, dejaba exenta de dicho impuesto la totalidad de la cantidad percibida en concepto de indemnización por despido, siempre que se calculara de acuerdo con el máximo legalmente establecido. Sin perjuicio de que en el caso de que la extinción atendiera a causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o fuerza mayor, el límite se elevaba hasta el tope establecido para el despido improcedente.

De acuerdo con la nueva regulación, para quedar exentas del IRPF las indemnizaciones por despido, a estos dos límites se añadirá un tercero, determinado indirectamente por el salario del trabajador. Así, la exención del 100% de la indemnización, se va reduciendo gradualmente a partir de que la cantidad a percibir ascienda de los 2000 euros por año trabajado.

Ello implica que, los trabajadores despedidos con un salario superior a 20.000 euros anuales, tributaran una parte de la indemnización proporcional a la cuantía de salario. Así, los suelos superiores a 20.000 euros, e inferiores a 30000, estarán exentos en un 72%; los superiores a 40.000 en un 54%, y de forma gradual se reduce el porcentaje exento hasta llegar a un 14% en el caso de que se superen los 150.000 euros anuales.

Una de las mayores polémicas que ha suscitado el anteproyecto, ha sido que la medida se aplicará a las indemnizaciones posteriores al 20 de junio de 2014, con el fin de evitar así despidos express antes de la aprobación de la Ley. La Constitucionalidad de esta fórmula, que a priori puede parecer dudosa, ha sido confirmada por el Constitucional en diversas ocasiones. Así en diversas sentencias dicho órgano ha hablado de la mayor flexibilidad de las normas fiscales respecto a las penales, admitiendo una retroactividad media, y anterior al 31 de diciembre. También ha confirmado la retirada de una exención en mitad de un ejercicio económico, como ocurrió en el caso de la deducción del 40% de las rentas irregulares.

Habrá que esperar, a ver si la negociación con los grupos parlamentarios y los agentes sociales, los cuales ya han manifestado su oposición a la medida, consigue modificar los términos del Anteproyecto.