Un Juzgado de Valladolid condena al Banco Popular a devolver 40.676,57€ al accionista demandante por las acciones adquiridas desde el año 2009.
Las Sentencias existentes hasta el momento que condenaban al Banco Popular a la devolución de los importes invertidos por la suscripción de acciones, lo hacían, principalmente, a través de la declaración de nulidad de dichas suscripciones tras las ampliaciones de capital realizadas por la entidad bancaria en los años 2012 y 2016.
El foco de la argumentación de estas sentencias radica, principalmente, en que el Panco Popular falseó su apariencia de insolvencia mediante una estrategia de refinanciación de la deuda, publicando folletos con contenido irreal. Esa falsedad llevó a los inversores a confiar y, como consecuencia, a suscribir nuevas acciones.
Además de estos pronunciamientos, resulta muy interesante la resolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valladolid, en la cual se condena al Banco Popular a devolver los importes invertidos – 40.676,57 euros – más los intereses de demora, por la adquisición de acciones formalizadas con anterioridad a las ampliaciones de capital de 2012 y 2016: en este caso en concreto, desde el 31 de diciembre del 2009.
El Juzgado falla condenando por la petición principal de la parte actora, siendo ésta la nulidad relativa o anulabilidad de las suscripciones realizadas desde el 31 de diciembre del año 2009, por consentimiento viciado por error excusable en el proceso de contratación de las acciones. Para el Juzgado, este error queda acreditado por el contenido de la prueba clave, el informe pericial económico.
Este informe acreditó que la causa de la crisis del Banco Popular fue el incumplimiento de los deberes de de dotación de créditos moros y un aumento exponencial de activos tóxicos, vinculados, fundamentalmente, al crédito a la vivienda. Así, el informe pericial acredita que se llevó a cabo una política agresiva de captación de crédito entre los años 2012 y 2018 que conllevó a un aumento de deudores morosos, lo que produjo que se acometieran operaciones de refinanciación de tales operaciones, incrementando, todavía más, el nivel de morosidad.
Esta entrada masiva de activos tóxicos se ocultó públicamente por la entidad bancaria, que mantuvo en sus balances el valor teórico de los activos, sin realizar las dotaciones exigidas legalmente. Como hecho notoriamente conocido, el resultado de todo ello fue la liquidación de la sociedad a través de la JUR (Junta Única de Resolución), amortizando las acciones y dejándolas sin valor.
Por su parte, la entidad bancaria fundamenta su defensa en que las acciones no son un producto financiero al amparo de la normativa vigente, por lo que no tienen que cumplir con concretos deberes de información. No obstante, el folleto fue, según la entidad, debidamente supervisado y depositado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y el proceso de ampliación de capital auditado por la auditoría PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L.
PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L, sancionado por incumplimiento de las normas de auditoría en el Banco Popular
Mediante resolución de 25 de abril de 2018 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, se publicaron en el BOE las sanciones por infracciones graves impuestas a dicha auditoría y a su socio auditor, consistentes en multas de 119.908 y 149.855 Euros, por incumplimiento de las normas de auditoría en relación con las cuentas anuales individuales del ejercicio 2012 del Banco Popular, y en relación con las cuentas anuales consolidadas del “Grupo Banco Popular, S.A, y sociedades Dependientes”.
Todo apunta a que, con un exhaustivo informe pericial económico, las posibilidades de defensa de la entidad bancaria se reducen cada vez más.
Desde el Departamento de Litigación y Arbitraje de Navarro Abogados y Consultores Jurídicos estamos coordinados con expertos peritos económicos para la elaboración de los informes periciales pertinentes, y poder así ofrecer los mejores servicios a nuestros clientes.
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