La Formación Profesional para el Empleo es un conjunto de acciones cuyo objetivo es atender a las necesidades formativas de empresas y trabajadores, tanto empleados como desempleados, adaptándose así a las necesidades de un mercado laboral dinámico y cambiante, y favoreciendo así el aprendizaje permanente. Comprende tanto la Formación Profesional Ocupacional como la Formación Continua

Este subsistema, del Servicio Público de Empleo Estatal, también tiene su cara oscura, y es el fraude. Recientemente han salido a la luz casos de desviaciones en la aplicación de los fondos públicos para la financiación de cursos inexistentes, o que no responden a los contenidos ofertados.

Por todo ello se hace necesario reforzar el control de las entidades que prestan esta clase de servicios, y a ello responde la Resolución de 26 de mayo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula la acreditación e inscripción de centros y entidades de formación que imparten, en la modalidad de teleformación, formación profesional para el empleo en el ámbito de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal.

La Formación Profesional para el empleo puede ser prestada por la Administración (directamente o a través de conciertos con entidades especializadas) así como por otros proveedores que reúnan una serie de requisitos que les permita integrarse en el registro de centros que imparten dicha formación.

La experiencia acumulada ha motivado la regulación de la inscripción y acreditación de centros y entidades que deseen impartir la Formación Profesional para el Empleo, en la modalidad de teleformación, tanto financiada por fondos públicos, como si es el caso, mediante la iniciativa privada. Esta última podría parecer irrelevante, pero no debemos olvidar los sabrosos beneficios que en forma de bonificaciones, nuestra normativa suele ofrecer a los empresarios por la impartición a los trabajadores de dicha formación.