Este martes 24 de junio, se propondrá en el Congreso la regulación específica de la situación de insolvencia de las personas físicas. Actualmente esta problemática está regulada por la Ley Concursal, mayormente enfocada a sociedades mercantiles, por lo que el problema del sobreendeudamiento e insolvencia que afecta a tantas familias en los últimos años, no cuenta con una regulación específica que les permita evitar la denominada “muerte civil”.

La propuesta indicada consiste, previo el cumplimiento de una serie de requisitos que constaten la insolvencia, promover un convenio con los acreedores, donde la figura del notario actuaría como mediador. La admisión de esta solicitud de convenio implicaría la paralización de procedimientos judiciales, ejecuciones y liquidaciones de intereses.

El plazo máximo que tendría el notario para autorizar el convenio será de tres meses, si bien la propuesta habla de un plazo de 15 días para alcanzar acuerdos de pago con los acreedores.

El objetivo de la propuesta es que las personas físicas cuenten con un procedimiento extrajudicial dirimido por los notarios, similar al concurso de acreedores de modo que puedan «rehacerse económicamente» tras reestructurar sus deudas y con un coste económico relativamente menor.