Las denominadas cláusulas suelo son probablemente las condiciones generales de la contratación con más transcendencia y más conocidas a día de hoy entre los particulares con un préstamo hipotecario en vigor.

Esto responde a la más que conocida sentencia del Tribunal Supremo de fecha 9 de mayo de 2013, que abrió la puerta a ese doble control de transparencia de estas cláusulas suelo para su incorporación a los contratos, y con ello a multitud de demandas de nulidad.

Sin embargo son muchas las condiciones generales de la contratación, por definición cláusulas preestablecidas, que las entidades bancarias incluyen en los préstamos hipotecarios celebrados con sus clientes. Y lo más grave es que muchas de ellas son manifiestamente abusivas, sin embargo probablemente porque no siempre entran en juego durante la vida del préstamo, su existencia e implicaciones no son conocidas por todas aquellas personas que tienen contratado un préstamo hipotecario.

La sección primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra en una reciente sentencia (que todavía no es firme), ha venido a anular por su carácter abusivo varias de estas cláusulas en préstamos celebrados por Caixa Galicia, abriendo así también la puerta a la impugnación de todos aquellos contratos actuales en los que se contengan estipulaciones similares a las anuladas en este caso:

1)    La cláusula que declara a cargo del prestatario los aranceles notariales y registrales, los tributos que gravan la operación,  los gastos de tramitación de la escritura en el Registro y en la Oficina Liquidadora del Impuesto, así como los de obtención de copias de la escritura, los derivados de la conservación del inmueble, la prima del seguro del seguro de daños, los gastos procesales que se enumeran y cualquier otro gasto que corresponda a la efectiva prestación de un servicio. Entiende el Tribunal que dicha cláusula resulta desproporcionada, deja a la voluntad del acreedor el cumplimiento del contrato y vulnera normas de carácter imperativo.

 

2)    La tan frecuente cláusula que fija el interés de demora en el 18% anual, el Tribunal entiende que es completamente desproporcionado, toda vez que excede en 14 puntos el interés legal, y hasta en más de cuatro veces el interés remuneratorio.

 

3)    También es abusiva la cláusula que faculta al banco para declarar vencido el contrato y reclamar la totalidad del importe prestado, con sus intereses, gastos y costas, por la falta de pago de cualesquiera de las cuotas de amortización y por el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del contrato, puesto que, conforme señala el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal posibilidad exige como requisitos ineludibles que el consumidor haya incumplido una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de que se trate y que el incumplimiento tenga un carácter suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo.

La consecuencia de esta declaración de nulidad, implica que estas cláusulas se tendrán por no puestas, y sus efectos serán sustituidos por la regulación normativa de carácter general. Así, respecto de la cláusula atributiva de los gastos, se estará a lo previsto en las leyes en defecto de pago; con relación a la cláusula de vencimiento anticipado, se aplicará la regulación general en materia de resolución contractual; y, en cuanto a la cláusula de intereses de demora, se estará a lo dispuesto en el art. 1108 del Código Civil.

Por último la Audiencia ordena la inscripción de la sentencia en el Registro de Condiciones Generales de  la Contratación, a fin de evitar que se vuelvan a utilizar en lo sucesivo.