El pasado 20 de febrero de 2023, entró en vigor la Ley 2/2023, mediante la que se establece un canal obligatorio para que los trabajadores de mercantiles de más de cincuenta trabajadores puedan informar de cualquier actividad ilegal dentro de estas, con total confidencialidad.
Así podemos hablar de la entrada en vigor del «canal de denuncias».
En este artículo, te ofreceremos una visión global de esta ley, que ya lleva unos meses entre nosotros, y te explicaremos cómo afecta a tu empresa.
¿Qué es la Ley 2/2023?
La Ley 2/2023 se presenta como norma que establece pautas para que los trabajadores (denunciantes) puedan informar de actividades ilegales dentro de una empresa.
El texto obliga a todas las empresas con más de cincuenta empleados a crear un «canal de denuncias», como canal seguro y confidencial para que los empleados denuncien actividades ilegales de forma anónima; así lo que se busca y fomenta es la transparencia y la responsabilidad en el lugar de trabajo tratando de promover el comportamiento ético en las empresas y proporcionar un medio seguro para que los empleados informen de cualquier actividad ilegal.
¿Qué es un Canal de Denuncias?
Un «canal de denuncias» es una plataforma que deberán establecer y crear las empresas españolas para recibir informes anónimos de presuntas actividades ilegales. El canal debe ser fácilmente accesible para los empleados, y debe proporcionar una forma segura y confidencial para que estos planteen sus preocupaciones.
La ley exige que el «canal de denuncias» sea gestionado por una entidad externa para garantizar que funciona de forma independiente e imparcial. Entidad externa que deberá contar con los recursos y la experiencia necesarios para gestionar las denuncias y llevar a cabo investigaciones.
¿Cómo garantiza la entidad externa la protección del denunciante?
Dicha externalización trata, asimismo, de garantizar la protección del denunciante pues, para cumplir con el canal de denuncias, el mismo deberá asegurar:
- Confidencialidad y anonimato
La ley garantiza a los denunciantes la confidencialidad de su identidad, lo que significa que sus empleadores no conocerán quien ha formulado la denuncia.
- Protección frente a represalias
El anonimato sobre el autor de la denuncia trata de evitar las represalias de sus empresas; por ello la ley señala que el empleador que busque causar daño a los denunciantes será sancionado y acusado de las consecuencias legales de su acto.
- Soporte tecnológico
La Ley 2/2023 de 20 de febrero garantiza la disponibilidad de medios tecnológicos que promuevan y faciliten la denuncia. El soporte tecnológico que proporciona la ley mejorará la eficacia de las denuncias recibidas, al tiempo que garantizará la confidencialidad de la identidad de los denunciantes.
- Formación para el cumplimiento
Los empresarios están obligados a proporcionar formación periódica a los empleados para que comprendan el programa de denuncia de irregularidades. Por lo tanto, todos los empresarios tendrán la obligación de formar a sus empleados sobre el proceso de denuncia de irregularidades y las medidas de protección existentes para los denunciantes.
¿Cuáles son los requisitos para las empresas con respecto al canal de denuncias?
Todas las empresas con más de cincuenta empleados están obligadas a establecer un «canal de denuncias» que debe ser accesible a todos los empleados, incluidos los trabajadores temporales y a distancia, debiendo este – el canal – anunciarse claramente a los empleados, a los que se les deberá proporcionar información sobre cómo denunciar cualquier actividad ilegal y formación periódica sobre la importancia del comportamiento ético y la denuncia de actividades ilegales
De igual modo la norma establece que las empresas deben garantizar que las denuncias se tramitan de forma rápida y confidencial, y que no se toman represalias contra los denunciantes.
¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento del canal de denuncias? Sanciones
El incumplimiento de la Ley 2/2023 puede acarrear importantes sanciones económicas para aquellas mercantiles que, obligadas, no lo lleven a efecto; así, si una empresa no establece un «canal de denuncias» o no cumple los requisitos establecidos en la ley, puede enfrentarse a multas de hasta 10 millones de euros, además de observar daños en su reputación si se descubre que incumplen la ley.
Y es que, en mercados como el actual, ser transparente y responsable es fundamental para mantener la confianza de clientes e inversores.
¿Aún tienes dudas?
Desde NAVARRO ABOGADOS Y CONSULTORES JURÍDICOS contamos con un excelente equipo de profesionales, con dilatada experiencia en este sector, que podrán ayudarte en la aplicación de la norma, siempre que estés obligado a ello.
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