Las acciones judiciales de los socios minoritarios

Por comunicacion

Mar 15, 2024

La Ley de Sociedades de Capital (LSC) otorga una serie de derechos a los socios minoritarios que pueden ejercer por ser titulares de un determinado porcentaje de participación en el capital social, además de permitirles agruparse para alcanzar el porcentaje requerido. Así, en caso de que dichos derechos no sean respetados, y se genere un conflicto societario, estos socios minoritarios disponen de las acciones legales derivadas de los derechos que los amparan, y de las que conocerán los Juzgados de lo Mercantil.

El derecho que da lugar a la mayoría de los procesos judiciales es el de impugnación de acuerdos sociales y acuerdos del Consejo de Administración con el objetivo de que se declare la nulidad de los mismos. Se trata de un derecho reconocido a los socios que representan, al menos, el 1% del capital social y que tendrá su sustento en una pluralidad de motivos fundados precisamente en la vulneración de los derechos que la propia LSC reconoce a los socios minoritarios.

En concreto, dentro del catálogo de derechos contemplados en la LSC, los más recurrentes en la práctica a la hora de la impugnación de acuerdos, son los relativos al derecho de información, y a la intervención de terceros ajenos a la sociedad, a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad cuando existan conflictos. Por un lado, paralelamente al derecho esencial de información contemplado para todos los socios en el artículo 93 LSC, se encuentra el derecho a obtener, de los administradores, la información y documentación acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la Junta General, sin que éstos puedan negarse, reconocido a los socios que representen, al menos, el 25% del capital social; así como el derecho a examinar en el domicilio social por sí mismos, o en unión de experto contable, la documentación que sirva de soporte y de antecedente de las cuentas anuales,reconocido a los socios que representen, al menos, el 5% del capital social.

En el seno de un procedimiento judicial, la vulneración de estos dos derechos puede dar lugar a la nulidad de diversos acuerdos, como el aprobatorio de las cuentas anuales y de gestión del ejercicio; de reactivación de la sociedad en procesos de liquidación; de nombramientos; etc., pues se trata de derechos que operan como protección de la minoría.

Por otro lado, el derecho a solicitar la presencia de un notario en la Junta General a fin de levantar acta de esta está reconocido a los socios minoritarios que representen, al menos, el 5% del capital social. En este caso, los acuerdos alcanzados sólo tendrán eficacia si constan en dicha acta notarial, lo cual supone un instrumento efectivo para la tutela de la minoría; y el derecho a solicitar la designación de auditor en las sociedades que no estén obligadas a auditar cuentas, reconocido igualmente, a los socios que representen, al menos, el 5% del capital social. Con respecto a este último derecho, cabe destacar la acción de impugnación de la resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) por la que se deniegue el nombramiento de auditor, y que se tramita por los cauces del juicio verbal ante el Juzgado de lo Mercantil del domicilio del Registrador Mercantil emisor de la resolución.

Además de los derechos comentados, resulta interesante mencionar el polémico Derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos, reconocido a cualquier socio independientemente de su porcentaje de participación, y que está previsto en el artículo 348 Bis LSC, cuya última redacción fue dada por el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril.

En el caso de este derecho, además de la eventual impugnación de los acuerdos relacionados, procede la acción declarativa del adecuado ejercicio de separación por insuficiencia en el reparto de dividendos. Cabe destacar que se trata de un mecanismo societario complejo en lo que a interpretación y aplicación respecta, por lo que, es importante que el socio minoritario sepa que este mecanismo está previsto para proteger el dividendo, y no como un mero fin de separación de la sociedad, como así ha sido definido por el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) en su Sentencia núm. 38/2022, de 25 de enero, en la que sentó doctrina sobre la finalidad de la norma.

A efectos prácticos, de cara a ejercitar esta acción, es imprescindible trazar una buena estrategia procesal que garantice el mínimo riesgo y el poder desvirtuar la eventual alegación del ejercicio abusivo de este derecho, pues no basta la concurrencia de los requisitos del artículo 348 bis LSC, sino que ha de acreditarse que, realmente, existe una posición abusiva de la mayoría de no repartir dividendos (cuando tiene que hacerlo) impidiendo así, la salida del socio minoritario perjudicado.

Finalmente, es necesario mencionar el derecho que asiste a los socios de entablar las acciones de responsabilidad frente a los administradores, tanto en defensa del interés social (acción social), como en defensa del interés individual del socio (acción individual por daño). Este derecho es reconocido a los socios que representen, al menos, el 5% del capital social, y la diferencia entre ambas acciones radica en el patrimonio dañado en cada caso: el patrimonio de la sociedad en la acción social; y el patrimonio del socio en la acción individual.

Estas acciones revisten de complejidad a la hora de plantear una demanda, por lo que ha de realizarse un despliegue probatorio exhaustivo que acredite la concurrencia de todos los requisitos establecidos por la Jurisprudencia para que dichas acciones prosperen.

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